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¿Se imaginan levantarse cada mañana, durante una dictadura brutal, para ir a trabajar a un lugar donde llegaban madres, hijos, esposas y amigos buscando a alguien que tal vez ya no volvería?

El 23 de noviembre de 1977, la dictadura prohibió el ingreso al país de tres mujeres familiares de detenidos desaparecidos: Ana González de Recabarren, Gabriela Bravo Jara y Ulda Ortiz Alvarado. Las tres regresaban de Europa y Estados Unidos, invitadas por organismos internacionales de derechos humanos —entre ellos las Naciones Unidas— para exponer las gestiones que realizaban ante las autoridades chilenas en la búsqueda de sus familiares.

El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ Chile) entregó el premio “Óscar Arnulfo Romero”, distinción que honra la memoria del arzobispo salvadoreño asesinado en 1980 por su defensa de los derechos humanos.

A comienzos de noviembre de 1973, cuando el Estadio Nacional comenzaba a vaciarse en preparación para el partido entre Chile y la Unión Soviética por las eliminatorias al Mundial de Alemania 1974, cientos de detenidos fueron trasladados hacia el norte. El recinto deportivo, que durante casi dos meses había funcionado como el principal centro de detención política de Santiago, debía “volver a su uso normal”. Bajo ese pretexto, los prisioneros fueron subidos a buses y aviones militares con destino al desierto de Atacama.

En septiembre de 1973, el Estadio Nacional dejó de ser un lugar de celebraciones deportivas para transformarse en uno de los principales centros de detención política de Chile. Durante semanas, miles de personas fueron recluidas allí, bajo condiciones de extrema incertidumbre. Afuera, sus familias esperaban noticias sin saber si volverían a verlos.

En Chile existe un día reservado para recordar a quienes fueron arrebatados por la violencia política.