El cientista político chileno-estadounidense, profesor emérito de la Universidad de Georgetown, reconstruye los orígenes del Comité Pro Paz y de la Vicaría de la Solidaridad como un esfuerzo ecuménico de iglesias cristianas y de la comunidad judía, sostenido durante años por el financiamiento del Consejo Mundial de Iglesias.
EL TESTIMONIO DE
Arturo Valenzuela. Cientista político chileno-estadounidense (Concepción, 1944). Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia, profesor emérito de la Universidad de Georgetown, donde dirigió el Centro de Estudios Latinoamericanos entre 1987 y 2009. Autor de El quiebre de la democracia en Chile (1978), texto fundacional sobre las causas del golpe. Co-organizó, junto a Paul Drake, la delegación de la Latin American Studies Association (LASA) que observó el plebiscito chileno de octubre de 1988. Ocupó altos cargos sobre asuntos hemisféricos en las administraciones de Bill Clinton (Casa Blanca y Departamento de Estado, 1994-1996 y 1999-2000) y de Barack Obama, donde se desempeñó como subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental (2009-2011).
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Arturo Valenzuela
«La labor del Comité Pro Paz no habría sido posible si no hubiese sido por el financiamiento del Consejo Mundial de Iglesias».
— Arturo Valenzuela
Al conmemorar el 50 aniversario de la creación de la Vicaría de la Solidaridad en Chile, cuyo extraordinario esfuerzo por documentar las violaciones a los derechos humanos y por defender y apoyar a personas perseguidas por el régimen militar marcó una época. Es importante subrayar que la Vicaría asume esas responsabilidades cuando el régimen logra clausurar el Comité de Cooperación para la Paz —el Comité Pro Paz—, fundado tres semanas después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
El Comité Pro Paz fue fundado por un conjunto de iglesias cristianas —entre ellas la Metodista, la Luterana, la Presbiteriana y la Bautista— y por la comunidad israelita, con representación del gran rabino en su directorio. Algunos elementos de la Iglesia Católica también participaron en su creación, como los jesuitas del Centro Bellarmino. A pesar de que la Iglesia Católica se divide cuando el obispo castrense entrega un fuerte apoyo a la junta militar, lo que se evidenció ante la insistencia del alto mando de las fuerzas armadas es que la Iglesia realizara un Te Deum para “celebrar el renacimiento de la nación”, evento que se realizó el 18 de septiembre.
La labor del Comité de Cooperación para la Paz no habría sido posible si no hubiese sido por el financiamiento del Consejo Mundial de Iglesias, organismo de las iglesias protestantes. El Consejo fue fundado en 1948, el mismo año en que Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las gestiones para involucrar al Consejo en Chile recibieron el apoyo de las iglesias protestantes, un esfuerzo que también lideró la Junta de Misiones Globales de la Iglesia Metodista en Estados Unidos, en coordinación con la Iglesia Metodista de Chile. El Consejo resultó ser la mayor fuente de financiamiento del Comité Pro Paz.
Una red de organismos hermanos
En una época en que también llegaron a Chile personas perseguidas por gobiernos autoritarios de otros países sudamericanos, las iglesias protestantes crearon el CONAR —Comité Nacional de Ayuda a Refugiados—, gracias a los esfuerzos del obispo luterano Helmut Frenz y otros, también con el aporte financiero del Consejo Mundial de Iglesias. Las iglesias crearon además el FASIC —Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas—, con programas similares a los que implementaría más adelante la Vicaría de la Solidaridad.
Como ejemplo, el CONAR apoyó a presos políticos buscando cambiar la pena privativa de libertad por extrañamiento, conforme al Decreto 504. FASIC, por su parte, se distinguió por su apoyo a la salud mental; y cuando ocurrió el atentado contra Pinochet, en septiembre de 1986, asumió la defensa de los implicados, argumentando que toda persona merece el debido proceso penal.
Por sus actividades en defensa de los derechos humanos, el Comité Pro Paz fue duramente atacado por la junta militar desde su inicio, con la detención de personal del área jurídica y forzando a varios de sus funcionarios a emigrar al extranjero. El Comité era una entidad de derecho privado y dependía de la justicia ordinaria, que podía cancelar su personalidad jurídica. El general Pinochet le escribió una carta al cardenal Silva Henríquez insistiendo en que se cerrara el Comité. Con ello se crea, el 1 de enero de 1976, la Vicaría de la Solidaridad bajo el amparo de la Iglesia Católica, entidad de derecho público.
Una decisión que no se discutió con las otras iglesias, y que en un comienzo estas vieron como un gesto autoritario. Sin embargo, la mayoría del personal del Comité Pro Paz —una organización ampliamente ecuménica— pasó a la Vicaría de la Solidaridad, reconociendo que su situación personal era más segura y estable y que de ese modo podrían seguir la valiosa labor de proteger los derechos humanos. A su vez, las iglesias protestantes apoyaron la Vicaría, y el Consejo Mundial de Iglesias continuó aportando la mayor parte de su financiamiento hasta 1989.
Arturo Valenzuela
Profesor emérito de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Universidad de Georgetown
SOBRE ESTE ESPECIAL
En el marco de los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad, la periodista Odette Magnet y el abogado Álvaro Varela Walker —Vicepresidente del Directorio de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (Funvisol)— convocaron durante 2025 a un grupo de voces que vivieron, acompañaron o testimoniaron el trabajo de esta institución entre 1976 y 1992. Son relatos en primera persona que iremos publicando a lo largo de 2026 en nuestro especial de Voces que Recuerdan, generado por la Fundación Funvisol.
Este testimonio integra el especial Voces que Recuerdan, de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (Funvisol). Su reproducción en medios requiere citar la fuente y enlazar a:
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