Ese invierno de 1980, Eduardo Jara Aravena tenía 29 años. Estudiaba Periodismo en la Pontificia Universidad Católica y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Había nacido en Villarrica, al sur de Chile, y desde joven se vinculó con causas sociales. Era un joven inquieto, comprometido, con ideas claras y una profunda vocación por narrar lo que otros preferían silenciar.

El 23 de julio de ese año, mientras se dirigía junto a su compañera Cecilia Alzamora en un taxi colectivo hacia el Campus Oriente, fue interceptado y secuestrado por un grupo encapuchado. Ambos fueron introducidos a la fuerza en un vehículo sin identificar. Detrás del operativo estaba el Comando de Vengadores de Mártires (COVEMA), un grupo paramilitar ligado a la Central Nacional de Informaciones (CNI), creado pocos días antes como represalia por la muerte del coronel Roger Vergara, abatido por el MIR.

Durante diez días, Eduardo fue trasladado por distintos recintos clandestinos de la Policía de Investigaciones. No hubo juicio, ni cargos, ni defensa posible. Solo golpes, gritos y luego silencio. Las señales de tortura fueron brutales: heridas profundas en las muñecas, quemaduras, fracturas, contusiones visibles en el rostro y en el cráneo. Fue sometido a descargas eléctricas y a condiciones inhumanas. Su compañera también fue brutalmente torturada.

El 2 de agosto, ambos fueron abandonados en un sitio eriazo de la comuna de La Reina. Golpeados, aturdidos, con el cuerpo roto, caminaron como pudieron hasta dar con unos vecinos. Eduardo fue llevado a la Posta N.º 4 de Ñuñoa. No alcanzó a recibir atención médica: murió pocas horas después, víctima de un paro cardíaco producto del trauma cráneo encefálico provocado por la golpiza. No alcanzó a llegar a sus 30 años.

En un país silenciado por el miedo, la muerte de Eduardo Jara no fue investigada con la urgencia que merecía. Aunque hubo una causa judicial, esta fue sobreseída por la Corte de Apelaciones en 1982. Durante décadas, su historia permaneció atrapada entre archivos incompletos y el olvido institucional.

Solo en 2018, el ministro Mario Carroza logró una condena: dos exdetectives de la Policía de Investigaciones —integrantes de COVEMA— fueron sentenciados a cinco años por su participación en la detención ilegal, tortura y muerte de Eduardo. En 2022, la Corte de Apelaciones de Santiago aumentó la pena a 10 años y un día por homicidio calificado. También se reconoció judicialmente la aplicación de tormentos a Cecilia Alzamora.

Eduardo Jara Aravena no es un número más dentro de la estadística del horror. Fue un joven con rostro, ideas, proyectos. Una voz silenciada del futuro periodismo. Su asesinato dejó una huella dolorosa en su familia, en sus compañeros de universidad, en quienes compartieron con él la esperanza de un país más justo.

Hoy, a más de cuatro décadas de su muerte, nombrarlo es volver a hacerlo visible. Porque su memoria, como la de tantas y tantos otros, nos obliga a mirar de frente el daño que dejó el terrorismo de Estado. Y a seguir reconstruyendo, con palabras, con archivos, con verdad, los hilos de una historia que aún se escribe.

LINKS DE INTERÉS

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos – Ficha de Eduardo Jara Aravena:
https://interactivos.museodelamemoria.cl/victims/?p=3196

Memoria Viva – Biografía y contexto judicial:
https://memoriaviva.com/nuevaweb/ejecutados-politicos/ejecutados-politicos-j/jara-aravena-eduardo

Poder Judicial de Chile – Nota sobre fallo 2022:
https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/74626

CIPER Chile – Artículo del proceso judicial contra COVEMA (2018):
https://www.ciperchile.cl/2018/02/27/juez-carroza-condena-a-dos-detectives-r-del-covema-por-el-homicidio-de-eduardo-jara