Meses antes del encuentro, la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (Funvisol), liderado por María Paz Vergara, abrió un formulario para recoger testimonios de ex trabajadoras y trabajadores.
El recorrido terminó en la hoy recuperada capilla del Palacio Arzobispal de una gran riqueza patrimonial. Para quienes trabajaron allí, ese espacio tiene otro nombre: la oficina de Talleres de la recordada Winnie Lira.
¿Se imaginan levantarse cada mañana, durante una dictadura brutal, para ir a trabajar a un lugar donde llegaban madres, hijos, esposas y amigos buscando a alguien que tal vez ya no volvería?
El 23 de noviembre de 1977, la dictadura prohibió el ingreso al país de tres mujeres familiares de detenidos desaparecidos: Ana González de Recabarren, Gabriela Bravo Jara y Ulda Ortiz Alvarado. Las tres regresaban de Europa y Estados Unidos, invitadas por organismos internacionales de derechos humanos —entre ellos las Naciones Unidas— para exponer las gestiones que realizaban ante las autoridades chilenas en la búsqueda de sus familiares.
El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ Chile) entregó el premio “Óscar Arnulfo Romero”, distinción que honra la memoria del arzobispo salvadoreño asesinado en 1980 por su defensa de los derechos humanos.
A comienzos de noviembre de 1973, cuando el Estadio Nacional comenzaba a vaciarse en preparación para el partido entre Chile y la Unión Soviética por las eliminatorias al Mundial de Alemania 1974, cientos de detenidos fueron trasladados hacia el norte. El recinto deportivo, que durante casi dos meses había funcionado como el principal centro de detención política de Santiago, debía “volver a su uso normal”. Bajo ese pretexto, los prisioneros fueron subidos a buses y aviones militares con destino al desierto de Atacama.
