El 23 de noviembre de 1977, la dictadura prohibió el ingreso al país de tres mujeres familiares de detenidos desaparecidos: Ana González de Recabarren, Gabriela Bravo Jara y Ulda Ortiz Alvarado. Las tres regresaban de Europa y Estados Unidos, invitadas por organismos internacionales de derechos humanos —entre ellos las Naciones Unidas— para exponer las gestiones que realizaban ante las autoridades chilenas en la búsqueda de sus familiares.
El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ Chile) entregó el premio “Óscar Arnulfo Romero”, distinción que honra la memoria del arzobispo salvadoreño asesinado en 1980 por su defensa de los derechos humanos.
A comienzos de noviembre de 1973, cuando el Estadio Nacional comenzaba a vaciarse en preparación para el partido entre Chile y la Unión Soviética por las eliminatorias al Mundial de Alemania 1974, cientos de detenidos fueron trasladados hacia el norte. El recinto deportivo, que durante casi dos meses había funcionado como el principal centro de detención política de Santiago, debía “volver a su uso normal”. Bajo ese pretexto, los prisioneros fueron subidos a buses y aviones militares con destino al desierto de Atacama.
Se trata de veintinueve crónicas escritas por un “memorioso sabio de la tribu”: Miguel Lawner. En ellas hace un breve recorrido por algunos aspectos fundamentales de lo que fue la Unidad Popular bajo el liderazgo del “compañero presidente” Salvador Allende.
En septiembre de 1973, el Estadio Nacional dejó de ser un lugar de celebraciones deportivas para transformarse en uno de los principales centros de detención política de Chile. Durante semanas, miles de personas fueron recluidas allí, bajo condiciones de extrema incertidumbre. Afuera, sus familias esperaban noticias sin saber si volverían a verlos.
Ana González de Recabarren (1925–2018) fue una de las más emblemáticas luchadoras por los derechos humanos en Chile. Madre, esposa, abuela y suegra de detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, dedicó más de 45 años de su vida a buscar la verdad y la justicia por sus seres queridos —su marido, dos hijos y su nuera embarazada—, desaparecidos en abril de 1976.
El 30 de septiembre de 1974 la larga mano de la dictadura asesinó al general Carlos Prats y a su esposa, Sofía Cuthbert, haciendo detonar una bomba en Buenos Aires. Al día siguiente, y ante los féretros de sus padres, sus tres hijas se prometieron a sí mismas dar con la verdad de lo ocurrido y obtener justicia.
