Los Obispos declaran que las respuestas referente a los desaparecidos obtenidas por parte del Gobierno no han sido satisfactorias, y que por los antecedentes reunidos y presentados al Gobierno las detenciones a su parecer fueron hechas por servicios de seguridad del Gobierno. Lamentan que han llegado a la persuación de que muchos, sino todo los detenidos desaparecidos han muerto, al margen de toda Ley y esperan que sus familiares y la opinión pública comprendan que corresponde al Gobierno, y no a la Iglesia, dar la solución al problema. Finalmente confian y exigen que el Gobierno tome las medidas necesarias para prevenir los abusos, si siguieran ocurriendo.
